Atendiendo a los postulados de la justicia restaurativa, la Corte Constitucional recordó el deber de implementar mecanismos que permitan el acceso a la educación en el sistema penitenciario como una herramienta de resocialización a cargo del Estado.
En esta oportunidad, la Corte se pronunció en el marco de una acción de tutela interpuesta por un recluso del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, quien aseguró que su derecho a la educación fue vulnerado al no contar con los medios necesarios para desarrollar su requisito de grado para obtener el título de ingeniero de sistemas. En sus alegatos, el recluso indicó que durante la pandemia por COVID-19, se le concedió el uso de un computador portátil; sin embargo, esta ayuda fue retirada en noviembre de 2020 sin brindarle una medida alternativa para desarrollar su trabajo.
En el caso en concreto, el Establecimiento Penitenciario le entregó un computador en el área de estudio del lugar, configurándose con ello un hecho superado. Sin perjuicio de ello, la Corte aprovechó esta oportunidad para reiterar que “las actividades educativas son una de las principales formas para lograr la resocialización de las personas privadas de la libertad, por lo que el Estado debe implementar en los establecimientos penitenciarios programas de educación que les permita a los internos adquirir una formación que al recuperar la libertad les sea útil para incorporarse a la sociedad y aportarle a esta”
Finalmente, esta Alta Corte hizo un llamado para que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo amplíe la oferta de educación superior en el sistema penitenciario e implemente campañas que promuevan el interés por estas ofertas educativas.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
