Los Ministros del Interior, de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural, presentaron ante la Secretaría General del Senado de la República dos proyectos de ley que regulan el funcionamiento, las atribuciones, la estructura y la composición de la Jurisdicción Agraria y Rural. Esta jurisdicción fue aprobada el 24 de julio y representa un compromiso del Estado colombiano con las comunidades campesinas, étnicas y rurales.
La implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural comenzará con la creación de cinco tribunales agrarios y rurales regionales en las áreas del Caribe, Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Andina. Inicialmente, se asignarán 64 jueces de circuito en áreas donde históricamente no ha habido una administración de justicia adecuada. Adicionalmente, en esta nueva jurisdicción proporciona a los jueces y magistrados una vía legal para resolver conflictos en las zonas rurales de Colombia, cumpliendo así con un mandato de la Constitución Política.
El Consejo Superior de la Judicatura deberá establecer los primeros tribunales y juzgados agrarios y rurales dentro de seis meses después de que entre en vigencia el acto legislativo que incorpora esta jurisdicción en la Constitución. Esto significa que es posible que los primeros tribunales y juzgados agrarios y rurales comiencen a operar en enero del próximo año.
La implementación de esta jurisdicción tendrá un costo estimado entre 128 y 137 mil millones de pesos al año. Los dos proyectos de ley en proceso legislativo detallan el funcionamiento, las competencias y la estructura de esta jurisdicción. Además, permiten que las altas cortes seleccionen casos emblemáticos para estudiar y emitir jurisprudencia, similar al proceso de la tutela.
Cada uno de estos proyectos de ley pasará por dos debates en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, con la expectativa de obtener votos favorables para finalmente poner en marcha la Jurisdicción Agraria y Rural en el país. El proyecto de ley ordinaria también busca establecer un procedimiento especial agrario con el objetivo de agilizar significativamente los procesos judiciales, reduciendo el tiempo necesario para emitir fallos de 10 años a solo 3 o 4 meses.
Fuente: minjusticia.gov.co
