Con ocasión de la acción de tutela presentada por la comunidad indígena Inga en contra del municipio de Santiago en Putumayo, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y la Gobernación de Putumayo; la Corte Constitucional mediante la sentencia T-242 de 2023 confirmó la decisión de segunda instancia que protege los derechos a la vida, la integridad física y la educación de los niños y adolescentes inscritos en una escuela ubicada dentro de un territorio indígena en Putumayo.
La solicitud de amparo se fundamentó en la vulneración al derecho a la consulta previa por parte de los accionantes, en la medida en que consideraban que la construcción de una obra cerca de su territorio altera su entorno y no se tuvo en cuenta su opinión ni se realizó la consulta previa adecuada.
No obstante, la Corte advirtió que la obra no afecta directamente a la comunidad en términos de su estructura social, económica, ambiental o cultural, toda vez que sus actividades podrían continuar de manera paralela al proyecto vial. Además, señaló que la obra no implica la creación de una nueva vía, sino la mejora de una existente que ya tenía tráfico vehicular diario.
A pesar de que la tutela no se enfocó en este aspecto, la Corte compartió la preocupación de que la habilitación de un sendero peatonal en el territorio implica riesgos para la seguridad de los niños. En consecuencia, ordenó al municipio y a la Unión Temporal diseñar planes y medidas para garantizar la seguridad vial de los niños en el área.
Dicha decisión encuentra justificación en el hecho de que tanto automóviles como peatones transitan por el sendero peatonal, lo que crea riesgos de accidentes que afectan a estos sujetos de especial protección constitucional.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
