Mediante el Auto 827 de 2023, la Corte ha convocado una audiencia pública para el próximo 18 de agosto, con el objetivo de superar el Estado de Cosas Inconstitucional–ECI- en casos de desplazamiento forzado, siguiendo el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos 004 de 2009, 173 de 2012 y 265 de 2019, los cuales tratan sobre la situación de los pueblos Jiw y Nükak.
Bajo la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, el Auto 827 de 2023 también ha dispuesto la realización de una diligencia previa a la audiencia pública, que tuvo lugar en San José del Guaviare del 10 al 12 de julio, con el fin de recopilar pruebas y promover espacios de diálogo intercultural con las autoridades territoriales y las mencionadas etnias.
Es importante recordar que la Sentencia T-025 de 2004 declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, al evidenciar que la población afectada sufre una violación masiva de derechos debido al conflicto armado, la violencia generalizada y las deficiencias estructurales en la respuesta institucional. Como resultado, la Corte ordenó al Gobierno Nacional ajustar la política pública para abordar esta problemática.
En la Sala Especial de Seguimiento, la Corte implementó medidas de protección diferencial para los pueblos indígenas, especialmente para los pueblos Jiw y Nükak. Además, se enfocó en la incorporación de enfoques diferenciales de género y niñez en la política dirigida a las personas desplazadas.
En esta ocasión, la diligencia convocada para el 18 de agosto es una solicitud presentada por la Defensoría del Pueblo y el Líder Mayor del Resguardo Indígena Jiw de Barrocón (Guavire). El propósito de esta audiencia es evaluar la situación de violencia y explotación sexual, así como otras formas de violencia basadas en género, que afectan a las niñas y mujeres indígenas de los pueblos Jiw y Nükak.
La Sala, acogiendo la pretensión del órgano defensor y el líder indígena, verificará dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el goce efectivo de los derechos de las comunidades étnicas Jiw y Nükak que han sido víctimas de desplazamiento; y en segundo lugar, la capacidad de respuesta institucional para superar las deficiencias estructurales identificadas por esta Sala Especial, que afectan a los mencionados pueblos indígenas. En particular, se realizará un seguimiento del cumplimiento de las órdenes del Auto 173 de 2012, se abordará la situación de los pueblos con respecto a sus necesidades de retorno y reubicación, y se analizará la grave problemática de violencia sexual y de género, incluida la explotación sexual contra niñas indígenas.
Con base en estos análisis, la Sala evaluará las dificultades y obstáculos que persisten en la protección de los pueblos Jiw y Nükak, y adoptará las medidas que sean pertinentes para superar estas dificultades, teniendo en cuenta la autonomía, cultura y cosmovisión de dichos pueblos.
La diligencia será transmitida por las redes sociales de la Corte y su página oficial, y contará con la presencia de representantes de los pueblos Jiw y Nükak. También han sido convocados los ministros del Interior y Salud, la ministra de Vivienda, la directora de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Víctimas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, el director de la Agencia Nacional de Tierras y la directora del Departamento de la Prosperidad Social, entre otros.
Además, la Fiscalía General de la Nación presentará un informe sobre las investigaciones y condenas relacionadas con la violencia sexual experimentada por menores de edad y mujeres de las etnias mencionadas.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
