La Sala de Reconocimiento de la JEP ha dado un paso importante para establecer las presuntas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, agentes de Estado no pertenecientes a la fuerza pública y civiles, en los casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Ahora, se inicia una metodología que busca verificar si los patrones macrocriminales encontrados en territorios críticos fueron replicados en otras áreas del país, y si altos mandos militares estuvieron involucrados.
En esta nueva fase, la JEP se concentrará en ascender en la cadena de mando militar, sin dejar de investigar los sub-casos inicialmente priorizados, y enfocándose en los factores comunes a los patrones criminales que permitieron su expansión tanto a nivel local como nacional. La entidad busca evitar atribuir responsabilidades únicamente basándose en la jerarquía o posición de mando, asegurando que cualquier imputación a altos mandos militares y civiles esté respaldada por evidencia judicial de su participación directa o indirecta en estas prácticas criminales.
La investigación nacional se centrará en el periodo comprendido entre 2005 y 2008, ya que es el período con el mayor número de crímenes registrados y se tomaron decisiones estratégicas militares que habrían incidido en la victimización. La JEP también evaluará la responsabilidad de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, y aquellos que no se sometan voluntariamente a la justicia especial serán remitidos a las autoridades competentes.
Para garantizar una investigación efectiva, la JEP implementará una metodología que promueva la participación activa de las víctimas en el proceso judicial, incluyendo encuentros y mesas de trabajo con aquellas de zonas no priorizadas en la primera fase. Se identificarán y se investigarán los hechos ilustrativos en áreas que aún no han sido priorizadas, buscando ampliar la representatividad territorial y esclarecer cómo los patrones macro criminales afectaron al país en su conjunto.
La JEP busca así avanzar en su propósito de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más atroces ocurridos durante el conflicto, asegurando un enfoque estratégico y una participación efectiva de las víctimas en el proceso de búsqueda de la verdad y la justicia.
Fuente: jep.gov.co
