Durante la reunión interinstitucional, donde las autoridades competentes expusieron sus esfuerzos para abordar la crisis económica, social y ambiental causada por la minería ilegal en el Proyecto Minero de Buriticá, en el noroccidente antioqueño, se destacó la incertidumbre total.
El ente de control confirmó graves impactos ambientales debido a los vertimientos ilegales y la presencia de mercurio en las fuentes hídricas y aguas subterráneas que abastecen a los habitantes de Buriticá y áreas cercanas. Corantioquia presentó esta información, señalando que los problemas de seguridad están obstaculizando las sanciones y los controles.
Además, el Ministerio Público señaló que los problemas de orden público han impedido el avance de los proyectos de formalización minera propuestos como solución económica de reconversión. Cerca de 300 familias no pueden ejercer su actividad minera de manera legal y otras 300 no han recibido beneficios.
Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, advirtió que no se trata de una situación minera normal que requiera supervisión y medidas de orden público habituales, sino de un desgobierno de la actividad minera que podría replicarse en todo el país.
La crisis social también se ha intensificado en el municipio. Según información recopilada por la Delegada para los Derechos Humanos, al menos 5.000 personas, incluyendo mujeres, menores de edad, migrantes venezolanos y personas de otros municipios, se han involucrado en la explotación ilegal, presuntamente bajo la influencia del Clan del Golfo. Estas personas son víctimas de abusos, como el consumo de drogas, la prostitución y el trabajo forzado.
Javier Sarmiento, delegado para los Derechos Humanos, aseguró que se verificará rigurosamente el cumplimiento del plan de acción presentado por las entidades gubernamentales para solucionar urgentemente esta grave situación y se tomarán medidas disciplinarias en caso de incumplimiento.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó al Gobierno Nacional una mayor coordinación con los niveles regionales y locales, recordando que, aunque el título minero pertenezca a un particular, los recursos minerales son propiedad del Estado y afectan a todos los colombianos.
Fuente: procuraduria.gov.co
