En la sede de la Comisión de Ética del Senado de la República, presidida por la senadora Jahel Quiroga Carrillo de la Coalición Pacto Histórico y también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se llevó a cabo una audiencia pública sobre el tema del desminado en Colombia. Esta audiencia fue convocada por la Corporación Vivamos Humanos, la Campaña Colombiana Contra Minas y otras organizaciones de la sociedad civil. El evento contó con la participación del expresidente Ernesto Samper Pizano, víctimas de minas antipersonal, representantes del Gobierno Nacional, el Ministerio Público, miembros del ejército y representantes de la Cruz Roja, entre otros. Durante la audiencia, se expresaron preocupaciones, análisis y avances en relación al desminado en el país.
La senadora Quiroga Carrillo inauguró la audiencia y resaltó la importancia de garantizar que todo el territorio nacional esté libre de minas antipersona, las cuales han causado numerosas muertes y sufrimiento en Colombia. En sus palabras, afirmó: «Esta audiencia también tiene como objetivo hacer que el país tome conciencia de la gravedad de este flagelo, de esta tragedia. En Colombia, el uso de minas antipersona comenzó aproximadamente en los años 70 por parte del Ejército Nacional para proteger los batallones, pero luego su uso se extendió a otros grupos armados. Hoy en día, después de tanto tiempo, todavía se siguen implantando minas antipersona».
Por su parte, el expresidente Ernesto Samper Pizano, quien colaboró con la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias para facilitar este espacio, hizo hincapié en la necesidad de aplicar el Derecho Internacional Humanitario para legitimar las negociaciones de paz que el Gobierno lleva a cabo con los grupos armados. En sus palabras, expresó: «No se puede llegar a un acuerdo sin aplicar el DIH. Duramos mucho tiempo debatiendo en este país si se aceptaba el DIH como fuente de legitimidad porque se pensaba que esto significaba aceptar la condición de beligerancia de los grupos armados».
La sociedad civil y las víctimas tuvieron la oportunidad de expresarse y solicitar al Gobierno Nacional que avance en las negociaciones con los grupos armados, especialmente con las disidencias de las FARC, el ELN, el autodenominado Estado Mayor Central y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ya que esto contribuiría al proceso de desminado. Yomar Dora, representante del pueblo Barí del Catatumbo en Norte de Santander, enfatizó: «Lamentablemente, no se ha llevado a cabo ningún proceso de desminado en nuestro territorio. Nos gustaría que las instituciones vengan y nos ayuden a retirar las minas enterradas… Nosotros podemos colaborar».
Las comunidades indígenas y afrocolombianas también estuvieron representadas en la audiencia y reiteraron su solicitud de apoyo por parte del Gobierno Nacional para lograr que sus territorios estén libres de minas antipersona y así poder vivir en paz. William Wuanga, representante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, afirmó: «Sabemos que en nuestros territorios ancestrales hay decenas de minas enterradas. Es importante que el Gobierno incremente sus esfuerzos para combatir este flagelo de la guerra».
En otro aspecto, Diego Portocarrero, de la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura, declaró: «Hablar de desminado es hablar de sanar el territorio. En el proceso de desminado, las fuerzas de seguridad deben tener claro que la población civil no es un enemigo interno».
Las mujeres líderes también tomaron la palabra para informar sobre las situaciones que enfrentan en sus comunidades. Erika Cuéllar, representante de Asintracampic, afirmó enfáticamente: «No es justo que la comunidad tenga prohibido el acceso a ciertas áreas rurales debido a las minas. En este momento, se está realizando el desminado en áreas petroleras, pero no en el resto del territorio».
Del mismo modo, Milena Quiroz, de la Mesa de Derechos Humanos del Sur de Bolívar, declaró: «Desde febrero, cinco personas han sido afectadas por minas antipersona. Además, la situación complica la vida de las personas que trabajan en el campo, ya que tienen miedo de ir a sus parcelas y sufrir un accidente».
Lina Mejía, de la Corporación Vivamos Humanos, expresó su preocupación por el alto número de víctimas de minas antipersona que aún existen en el país. «Hemos identificado un aumento en el número de municipios con accidentes y víctimas de artefactos explosivos en el último año. En total, hubo 515 víctimas en 87 municipios el año pasado», puntualizó.
Los funcionarios presentes explicaron los avances logrados y los principales desafíos a los que se enfrentan en materia de desminado en el país. Luis Azcárate, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), confirmó: «Tenemos 12,228 víctimas de minas antipersona y cumplimos con la tarea de brindarles asistencia a través de las acciones que llevamos a cabo desde la Unidad de Víctimas. Hasta ahora, hemos atendido a 10,197 víctimas registradas bajo la ley 1448 de 2011».
Por su parte, Andrés Fajardo, Vice defensor, se sumó a las voces de preocupación del expresidente Ernesto Samper Pizano: «Cualquier cese al fuego debe basarse en unos mínimos que son el DIH. No puede ser posible que haya intenciones de diálogo y al mismo tiempo se sigan implantando minas».
Ana Hernández, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, manifestó su preocupación por el elevado número de víctimas de minas antipersona que aún existen en el país. «En el último año, hemos identificado un incremento en el número de municipios con accidentes y víctimas de artefactos explosivos. El año pasado hubo 515 víctimas en 87 municipios», concluyó.
Finalmente, Zoraida Hernández, abogada delegada del Ministerio de Interior, destacó que las víctimas no solo son las personas mutiladas o que pierden la vida a causa de estos artefactos, sino que también existen otros tipos de afectaciones. «No solo se trata de atentados contra la vida, sino también contra el territorio, las costumbres y la convivencia social. Estamos presenciando un desarraigo debido a las minas antipersona», resaltó.
Fuente. senado.gov.co
