En el marco del Caso 05 sobre la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la Sala de Reconocimiento de las Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 ex-miembros de las Farc-EP.
En particular, la JEP explicó que las conductas realizadas por las dos columnas móviles de la extinta guerrilla atienden a la finalidad de control territorial y social. Para este fin, el dominio de estos territorios permitió crear un corredor entre el centro y el occidente de Colombia, con un especial énfasis en perpetrar crímenes en contra de la población indígena y afrocolombiana.
En ese sentido, los patrones de violencia identificados por la Sala son los siguientes:
“1. Ataques para expulsar a las autoridades de la zona, que tuvieron como efecto cientos de muertos y heridos de la población civil, la afectación de viviendas, escuelas, plazas públicas y sitios sagrados.
2. Muertes y desapariciones forzadas de indígenas, campesinos y otras personas protegidas por el DIH en desarrollo de la política de control territorial y social de las unidades de las Farc-EP.
3. Desapariciones forzadas de civiles considerados informantes, colaboradores o enemigos de las Farc-EP.
4. Traslado forzoso de indígenas, campesinos y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina en desarrollo de la política de control territorial y social de las unidades de las Farc-EP.
5. Persecución de los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no aceptaran la política de control territorial y social de las Farc-EP.
6. Utilización, reclutamiento o alistamiento de niñas y niños de las comunidades de la región.
7. Utilización de minas antipersonal.
8. Ejecuciones sin todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables de miembros de las Farc-EP.
9. Confinamiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otros civiles sin pertenencia étnica o campesina en desarrollo de la política de control territorial y social de las unidades de las Farc-EP
10. Afectaciones al medio ambiente y a los territorios.”
Finalmente, la Sala resaltó la vulneración al derecho a la vida y a su componente de dignidad, enfatizando en los particulares efectos de los asesinatos de líderes o autoridades tradicionales que afectan el equilibrio espiritual, político y cultural. La decisión tuvo tres salvamentos parciales de voto que difieren de las calificaciones jurídicas de los hechos.
Fuente: jep.gov.co
