La Unidad Nacional de Protección ha sido designada como el órgano encargado de la asignación de escoltas para la protección de personas en situación de riesgo como lo son los periodistas amenazados, funcionarios públicos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, entre otros. El régimen actual no contempla formas de contratación estable para los escoltas ni los considera parte de una profesión de alto riesgo.
Lo anterior, sumado al incremento sustancial de la tercerización y contratación indirecta de escoltas desde el año 2016. Al respecto, la Unidad Nacional de Protección ha resaltado las ventajas financieras de la contratación directa, la cual representa casi el 50% de lo que cuesta una contratación por tercerización. Esto, adicional a las garantías laborales que tendrían los trabajadores si son contratados por el Estado.
En consecuencia, el Congreso de la República debate actualmente la aprobación de un proyecto de ley que desarrolla un plan para la contratación directa de este personal y les reconoce como profesión de alto riesgo laboral. El proyecto será debatido en audiencia pública y contará con la participación de distintos sectores, dentro de los cuales se resaltan los sindicatos, la Función pública, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Trabajo.
Fuente: camara.gov.co
