En ejercicio de la acción de tutela una ciudadana solicitó, en nombre de su hermano quien tiene discapacidad mental absoluta, el pago de las mesadas que le corresponden por ser titular de una pensión de sobrevivientes y a las cuales no ha podido acceder desde marzo del año 2020.
Para poder acceder a la pensión, la hermana del accionante, quien ahora es su guardadora, tuvo que realizar trámites presenciales que le demandaron la autenticación de documentos de forma física durante todo el aislamiento preventivo en el marco de la pandemia y que fueron infructuosos por más de 20 meses ya que el joven no pudo recibir las mesadas.
La Corte consideró que el banco le impuso al ciudadano barreras administrativas obligándolo a cumplir con trámites que no debía ni podía, debido a su situación, olvidando que su hermana estaba facultada como su guardadora legítima para administrar sus bienes y ejercer su representación legal.
Adicionalmente, la entidad bancaria también violó el derecho de petición al no responder a las múltiples solicitudes elevadas por la hermana del accionante incumpliendo el deber que tenía de dar respuesta a las mismas.
En consecuencia, el Alto Tribunal le ordenó al banco que permitiera que la hermana pudiese realizar todos los trámites de forma electrónica, entregara el dinero de las mesadas pensionales no pagadas y expidiera la certificación de saldos solicitada. Además, le solicitó que, en lo sucesivo, evitara imponer barreras a todos los usuarios que tengan alguna condición de discapacidad y quieran acceder a sus servicios.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
