La Corte Constitucional resolvió la acción pública de inconstitucionalidad que fue presentada en contra del artículo 37A de la Ley 712 de 2001. La norma señalada establece que el juez podrá fijar caución en el marco de un proceso ordinario laboral cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse o a que se impida la posibilidad de hacer efectiva la sentencia. Así, en la demanda de inconstitucionalidad los demandantes señalaron que la norma vulneraba el principio de igualdad puesto que era menos garantista para la parte demandante en comparación con las garantías otorgadas por el Código General del Proceso.
En el fallo mencionado, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la norma indicando que esta debe interpretarse permitiendo que la jurisdicción ordinaria laboral invoque las medidas cautelares innominadas, las cuales están previstas en el literal c del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
