La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena decidió rechazar tres recursos de protección presentados en contra del Ministerio de Salud y la anterior titular de dicha cartera, por algunas declaraciones emitidas respecto al esquema de vacunación por COVID-19 que deben tener los ciudadanos.
Los recurrentes consideraron que las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria para hacer obligatoria la vacuna, además de las declaraciones de la Ministra de ese entonces en las cuales insinuó el sometimiento forzoso de vacunación para la población que no contaba con ella, vulneraron sus derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, a la libertad personal y a la seguridad individual.
Para la Corte de Apelaciones las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria se enmarcaron dentro de la legalidad y el ordenamiento jurídico chileno, especialmente, la declaración de alerta sanitaria que regía en ese momento en el país debido a la propagación del virus.
Adicionalmente, los ministros del tribunal destacaron que las declaraciones de la ex Ministra de Salud no podían ser consideradas ilegales y amenazantes porque se enmarcaron “dentro del cumplimiento de las funciones públicas que el ordenamiento jurídico encomienda al Ministerio de Salud”, ya que es su deber ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento y protección de la salud y rehabilitación de las personas enfermas, así como vigilar la salud pública.
En consecuencia, el tribunal de alzada declaró que ni las declaraciones ni las medidas sanitarias son consideradas como un acto arbitrario o ilegal “ya que la conducta se ajusta a un criterio técnico acorde a las directrices propias del Ministerio de Salud, imposible de poder constituir en sí misma un acto que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos aludidos por los recurrentes”.
Fuente: pjud.cl
