El requerimiento estimó que la norma vulnera el debido proceso, ya que al no permitir oponer la excepción de compensación se priva el derecho a presentar una defensa jurídica. Además, se genera una vulneración al derecho a la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional, concluyó que concurre la causal de inadmisibilidad que consiste en la no existencia de gestión judicial pendiente en tramitación.
