La Segunda Sala de la Corte Suprema emitió fallo unánime por medio del cual condenó a 31 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por considerarlos responsables del delito de secuestro de secuestro calificado del ingeniero químico Juan Carlos Perelman, quien fue detenido ilegalmente el 20 de febrero de 1975 en el marco de la “Operación Colombo”:
Aunado a la condena impuesta a los autores del delito, la Corte condenó al Fisco al pago de una indemnización equivalente a $155.000.000 por concepto de daño moral a favor de los familiares de la víctima del delito de secuestro. Como fundamento de esta condena, se afirmó “Que, tratándose de delitos como los investigados, que la comunidad internacional ha calificado como de lesa humanidad, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de los agentes del Estado, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República”.
En consonancia con lo anterior, se recordó la importancia de la indemnización del daño causado al ser parte del elemento de justicia. Por tanto, en el presente caso, al verse involucrados agentes del Estado, quienes gozan de un manto de impunidad, resulta esencial que la acción civil indemnizatoria no se declare extinta por el paso del tiempo, siendo inaplicables las normas internas relacionadas con la prescripción.
Corolario de ello, se desestimó abiertamente lo previsto en la sentencia de primer grado, por medio de la cual se acogió la excepción de prescripción elevada por los accionados en las demandas civiles.
Fuente: pjud.cl
