La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a cinco agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al hallarlos responsables del delito consumado de secuestro calificado a un hombre mecánico de automóviles en el marco de la llamada Operación Colombo.
Dicha operación se llevó a cabo a partir del 26 de agosto de 1974 en un contexto de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos, lo que llevó a la víctima a ser un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas quienes estaban siendo imputados de pertenecer o ser ideológicamente afines al régimen político depuesto o considerados sospechosos de oponerse o entorpecer el proyecto del gobierno de facto.
Los hechos ocurrieron en agosto de 1974 cuando la víctima, quien era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue detenido en su domicilio ubicado en la comuna de San Miguel por los agentes de la DINA quienes lo llevaron a un cuartel de detención clandestina denominado “Ollagüe”.
Desde ese momento, se ignora el paradero del mecánico y, posteriormente, en 1975 su nombre apareció en un listado de 119 personas que fue publicado en la prensa nacional donde se afirmó que murió en Argentina junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros.
Conforme la acreditación de los hechos, los ministros de la Sala rechazaron los recursos de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los sentenciados porque consideraron que los acontecimientos configuraron crímenes contra la humanidad y su acción para perseguirlos es imprescriptible desde que es obligatoria para el derecho chileno la normativa del Derecho Internacional Penal de los Derechos Humanos para el cual es inadmisible la prescripción que pretenda imposibilitar la investigación de violaciones graves de los derechos humanos y la sanción, en su caso, de los responsables.
Fuente: pjud.cl
