El entonces Juez de Garantía, Daniel Urrutia, realizó un trabajo que proponía que el Poder Judicial de Chile era responsable por las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura de Pinochet y debían adoptar medidas de reparación. En consecuencia, fue sancionado con una censura por escrito por la Corte de Apelaciones de La Serena y luego la Corte Suprema decidió reducir la sanción a una amonestación privada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que hubo una violación a la libertad de pensamiento y expresión contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al igual que una afectación a los derechos de garantías judiciales, en relación con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos.
