La Corte de Apelaciones de Santiago emitió una sentencia (rol 15.321-2022) condenando al Fisco de Chile a pagar una indemnización a dos prisioneros políticos que fueron sometidos a torturas en la región de Coquimbo. La Segunda Sala del tribunal, determinó que esta compensación es necesaria, considerando que los afectados fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad.
El monto de la indemnización por daño moral se basó en evidencias documentales que corroboraron los hechos. En octubre de 1973, agentes policiales detuvieron y maltrataron a Julio Contreras Leiva, actualmente con 72 años, y Fernando Contreras Leiva, de 86 años. Ambos sufrieron humillaciones, insultos, simulacros de fusilamiento y amenazas, debido a sus afiliaciones políticas. El capitán Gabriel Muñoz lideraba el contingente policial y como resultado de estos actos, ambos padecen de síndrome de estrés postraumático crónico.
El Fisco de Chile no cuestionó la calidad de víctimas de prisión política y apremios de los demandantes ni la implicación de agentes del Estado en los sucesos. Por lo tanto, la sentencia confirmó la veracidad de los hechos presentados en la demanda.
El fallo subrayó que el Estado de Chile es responsable por el ilícito y que la detención y malos tratos no habrían ocurrido sin la intervención de funcionarios estatales. La detención ilegal y arbitraria, así como los apremios físicos y psicológicos infligidos, quedaron debidamente probados. Estos actos tuvieron un impacto significativo en la vida de Fernando Contreras Leiva, quien perdió su actividad ganadera y sufrió secuelas psicológicas que afectaron su proyecto de vida personal y su interacción social.
El Certificado Psicológico y Social respaldó los relatos de ambos demandantes, confirmando la experiencia traumática que vivieron. Esto resultó en un estrés postraumático crónico que afectó considerablemente sus vidas, especialmente en el caso de uno de ellos.
La Corte concluyó que estos elementos evidencian la existencia de un daño moral, concordando con la valoración realizada en la sentencia de primer grado. Las afectaciones sufridas durante su detención fueron determinantes en la determinación del monto de la indemnización.
Fuente: pjud.cl
