La Sala aprobó el veto presidencial a la norma que incrementa las sanciones para los delitos económicos, con 139 votos a favor y una abstención. El objetivo de esta medida es establecer un sistema diferenciado para abordar la delincuencia económica y mejorar la legislación penal relacionada.
Las observaciones del Ejecutivo se centran en modificar el sistema de reglas, con el propósito de aclarar su interpretación y facilitar su aplicación. También se corrigen errores, como la eliminación accidental de figuras penales relacionadas con el lavado de activos y la falta de coordinación con la ley que modifica la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.
Además, se realizan cambios para evitar interpretaciones demasiado formales que puedan alterar el objetivo establecido. Se incluyen nuevos delitos, como la falsedad en un procedimiento concursal y el tráfico de influencias, y se clarifica la estructura típica del delito de estafa.
En términos generales, esta iniciativa busca armonizar y proteger el orden económico a través de la regulación de diversos delitos económicos y ambientales. Se establecen categorías para calificar los delitos como «económicos» y se aplican penas y otros efectos diferenciados.
Además, se establece un sistema especial para determinar las penas, sustituir las penas, fijar las multas y las inhabilitaciones especiales. Se actualizan delitos existentes y se crean nuevos, y se enmienda la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros aspectos.
Fuente: pjud.cl
