El Senado ha respaldado de manera unánime el proyecto que impone la obligación de documentar en video las acciones autónomas de la policía en procedimientos penales. Esta iniciativa, parte del proceso legislativo «fast track» en seguridad pública, busca regular legalmente el uso de medios audiovisuales para registrar las actuaciones policiales. Estos registros tendrían el propósito de respaldar y validar las acciones de Carabineros ante los tribunales y frente a aquellos afectados por su intervención, en casos de posibles excesos.
El proyecto fue evaluado por las Comisiones de Seguridad Pública y Hacienda, y los presidentes de ambas instancias. Se prevé la contratación anual de 4.433 dispositivos para personal de Carabineros y la PDI, con un costo de 1,6 millones de pesos por dispositivo. Esto incluye 1.630 cámaras para las unidades de Control de Orden Público de Carabineros y 493 agentes del Departamento de Drogas y de Investigación de Organizaciones Criminales de la misma institución.
En el caso de la PDI, se consideran 1.469 cámaras para las Brigadas de Robos y Brigadas de Investigación Criminal. Además, se incluyen 841 efectivos de las Brigadas de Antinarcóticos y de Crimen Organizado, Brigadas de Reacción Táctica y Brigada de Investigaciones Policiales.
El proyecto de ley implica un gasto anual de 7.407.543 millones de pesos.
Durante el debate, participaron los senadores Kenneth Pugh, José Miguel Insulza, Jaime Quintana e Iván Flores, junto a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. Esta última recordó que el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto, cumpliendo un compromiso adquirido durante el proceso de la «Ley Naín Retamal». Los senadores destacaron que esta medida aclarará dudas sobre las acciones policiales y constituye un avance significativo tanto para civiles como para agentes del orden.
Subrayaron que se trata de un proyecto largamente esperado y que, con el tiempo, se debería aumentar el número de efectivos que utilicen estos medios audiovisuales. No obstante, enfatizaron la importancia de la interoperabilidad del sistema y la actualización de los procesos de compra y velocidad de implementación.
Es importante destacar que el proyecto otorga a los funcionarios policiales la facultad de registrar los procedimientos y establece la obligación de entregar estos registros al Ministerio Público cuando se soliciten. Asimismo, impone la obligación de destruir los antecedentes obtenidos en lugares donde la grabación no estaba autorizada. Se establece también una sanción que contempla suspensión del empleo y multas en casos de manipulación, ocultamiento, eliminación o alteración de los registros por parte de los funcionarios.
Fuente: senado.cl
