Un grupo de senadores presentó un proyecto de acuerdo en el que instan al Poder Ejecutivo a respaldar una iniciativa legal destinada a brindar reparación a las víctimas de actos de terrorismo y violencia en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
En una votación contundente, con el apoyo de 23 senadores, la Sala del Senado aprobó esta resolución. En ella se solicita al Presidente que presente un proyecto de ley o patrocine una propuesta parlamentaria que garantice una «reparación adecuada a las víctimas de terrorismo y violencia rural en las mencionadas regiones».
Los autores de la resolución argumentan que es imperativo «establecer procesos administrativos y legales que logren ser más efectivos en su propósito de proporcionar respuestas exhaustivas y oportunas a aquellos individuos que buscan una compensación justa por los daños sufridos debido a estos incidentes».
La propuesta subraya que su intención no es crear un sistema de indemnización automática ni establecer responsabilidad objetiva incontestable. En cambio, busca garantizar que las víctimas puedan acceder a procesos adecuados y equitativos, que les permitan buscar un mínimo de justicia y seguridad jurídica.
En el documento, se introduce un proyecto de ley que se solicita patrocinar. Este proyecto establece definiciones clave, como el concepto de víctima, violencia rural, justicia reparadora y protección, entre otros términos esenciales. Además, se detallan los procedimientos para identificar y proporcionar las reparaciones mencionadas.
La propuesta también plantea la aplicabilidad retroactiva de la ley, abarcando incidentes desde el 1 de enero de 2000 en adelante. Asimismo, propone la creación de un «registro histórico especial» que beneficiaría a todas las víctimas de violencia rural, otorgándoles preferencia en la obtención de beneficios y acceso a servicios esenciales como educación, salud, previsión, subsistencia y vivienda. Además, se considera el acceso a créditos y prestaciones por parte de entidades tanto públicas como privadas con objetivos económicos o laborales.
Fuente: senado.cl
