La Primera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró resuelto el contrato de arrendamiento de oficina y que ordenó el pago de los arriendos adeudados, excepto los que se causaron durante el tiempo que la autoridad sanitaria ordenó su cierre debido a la pandemia por COVID-19.
La controversia se presentó entre la arrendadora, una persona natural, y la arrendataria, la empresa Roma Chile SpA, por el adeudamiento de algunos cánones de arrendamiento que se causaron en el año 2020. El Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó a la demandada al pago de lo adeudado, a pesar de que durante ese tiempo no utilizó la oficina debido a las medidas de confinamiento impuestas por el gobierno con ocasión del coronavirus.
Conforme el recurso de casación que adujo la parte demandada, la Corte confirmó que el inmueble arrendado no pudo ser destinado a oficina desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 17 de agosto del mismo año, porque así lo dispuso la autoridad sanitaria y automáticamente el Código Civil le otorgó el derecho al arrendatario de liberarse del pago de la renta por el tiempo de vigencia de dicha prohibición.
En consecuencia, la Corte Suprema consideró que los jueces cometieron error de derecho infringiendo el artículo 1932 del Código Civil pues “dispusieron el pago de rentas por un periodo en que el inmueble –oficina– no pudo ser utilizado por la demandada, lo que conduce a la prosperidad del arbitrio sustantivo deducido por esta parte”.
Fuente: pjud.cl
