Funcionarios desvinculados del Gobierno Regional de Aysén interpusieron recurso de protección contra el Gobierno por considerar como arbitrario e ilegal el acto administrativo por el cual se decidió terminar de manera anticipada sus designaciones como funcionarios a contrata para el año 2021. Lo anterior, argumentando la afectación de sus derechos a la igualdad, la libertad de trabajo y el derecho a la propiedad.
Al estudiar el caso en concreto, la Corte de Apelaciones indicó que el recurso de protección interpuesto no pretende la ilegalidad del acto por el ejercicio de las atribuciones contenidas en la Ley 18.834 relacionadas con la desvinculación de los funcionarios a contrata. Así las cosas, afirmó que la controversia se funda en el incumplimiento del deber de motivación exigido a las autoridades para la expedición de un acto administrativo.
Bajo este panorama, se indicó que “la facultad de disponer el término anticipado a la designación a contrata de los funcionarios, que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de autos, ya que las mismas contratas se renovaron en variadas ocasiones, debiendo señalar en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo”.
En consecuencia, se consideró que el acto administrativo constituye un acto arbitrario e ilegal por falta de una debida motivación y, en consecuencia, contraria los principios contenidos en la Ley 19.880. Por tal motivo, la Corte acogió el recurso de protección interpuesto y ordenó la renovación de la contrata de los recurrentes en el Gobierno Regional de Aysén.
Fuente: pjud.cl
