La Contraloría General de la República determinó en un informe las presuntas responsabilidades administrativas de los generales de Carabineros en las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social. Se consideró que no habrían garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza.
En consecuencia, los generales presentaron un recurso de protección que se declaró inadmisible en sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Decisión ratificada por la Corte Suprema. El alto tribunal reiteró que la acción sobrepasaba los márgenes del recurso de protección, ya que aún existe un procedimiento administrativo pendiente y el acto impugnado es un acto de trámite que forma parte de un procedimiento complejo.
